Oaxaca, México.- Integrantes de la caravana que se dirige a San Juan Cópala, han enviado un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar a conocer el estado en que se encuentran los desplazados y el porqué no han podido ingresar a su territorio.

Marcado con el número MC 197-10, se describe que a tres días los bloqueos carreteros que se presentan han sido ordenados por el gobierno del estado de Oaxaca para impedir el retorno de la Comunidad de San Juan Cópala a sus hogares.

Afirman que "con anterioridad hemos enviado exhortos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su intervención inmediata dada la agresión constante y permanente que sufren los miembros de la comunidad indígena por parte del gobierno de Gabino Cué, por medio de retenes policiacos  desde la fecha de salida de la caravana de retorno de los desplazados del Zócalo de Oaxaca el medio día del viernes.

Anexamos a este documento, destacan, la imagen en archivo electrónico del Convenio que suscribieron por una parte los beneficiarios de las Medidas Cautelares 197-10 de la comunidad de San Juan Cópala y por otra parte el señor Jesús Emilio Martínez Álvarez, en su carácter de Secretario General de Gobierno de Estado de Oaxaca, con el objeto de dar cumplimiento a las medidas cautelares 197-10 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este documento fechado el día 17 de diciembre del año 2011, a la letra dice en su segundo acuerdo: "Segunda: El gobierno del Estado (de Oaxaca. Nota del FPCV) garantiza el retorno de los beneficiarios a la comunidad de San Juan Cópala, teniendo como plazo el 20 de enero de 2012".

Sin embargo Gobierno del Estado la noche del día 20 de enero, en un comunicado del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, señaló que: "No hay fecha definitiva para el retorno de las familias triquis a San Juan Cópala".

A partir de ese día al gobierno no le ha importado desquiciar el tránsito de la región mixteca y triqui con tal de detener infructuosamente el avance de la caravana del retorno de los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Cópala.

Ya van 72 horas de bloqueos gubernamentales en las carreteras de Tlaxiaco a Putla y Tlaxiaco -Juxtlahuaca que han dejado varados a miles y miles de vehículos en medio de las más apartadas regiones, sin que el gobernador desista de su intento infructuoso hasta la fecha de detener la Caravana.

Le informamos que ante la conculcación de facto de las garantías de libre tránsito por parte del gobierno en contra de la caravana del retorno, esta ha tenido que continuar su paso por veredas para ejercer el derecho a la libre circulación sin confrontar a los centenares de policías y vehículos policiacos que pretenden detener su paso, mencionan.

Asimismo indican "Pero la acción más deleznable, además de ilegal de la conducta del Gobierno de Oaxaca es que una vez que los indígenas triquis aceptaron cerca de las 13:00 horas del día de hoy, 29 de enero del 2012, en todos sus términos la ilegítima "propuesta" gubernamental consistente en que previo al retorno de los desplazados se realizará una "asamblea comunitaria" en San Juan Cópala, presidida por la persona que impusieron los paramilitares (los cuales tomaron a sangre y fuego el poblado en septiembre del 2010) con la presencia únicamente de una comisión de 10 personas mujeres desplazadas (y no de todos los legítimos habitantes desplazados o no desplazados como debería ser), aceptación que el MASJC realizó para evitar los retrasos por la fuerza pública, y una vez que los emisarios gubernamentales se quedaron sin argumentos para impedir el avance de los desplazados hacia su hogares, la Comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, funcionaria ante la cual respondían los retenes policiacos, ordenó por medio de Heriberto Cruz Ponce, funcionario de la Coordinación de Asesores del Gobernador Gabino Cué, la detención violenta de David Venegas uno de los integrantes de la caravana.

Ante el reclamo del MASJC el Subsecretario de Gobernación Oscar Cruz, condicionó con todo cinismo la libertad del detenido a la instalación de la supuesta "asamblea comunitaria" en los términos del capricho gubernamental. Hasta este momento el compañero se encuentra en calidad de desaparecido, responsabilizamos a Eréndira Cruz Villegas, paradójicamente la Comisionada de Derechos Humanos del Gobierno de Gabino Cué de la suerte que pueda estar corriendo este compañero y responsabilizamos al gobernador de esta ilegal acción que tiene por objeto impedir el retorno de los desplazados ante el agotamiento de su farsa de "diálogo y negociación”.

Pero no solo eso, los funcionarios gubernamentales se retiran a los pocos minutos de la detención, incumplen su compromisos de trasladar en tres autos blindados a las 10 comisionadas del Municipio Autónomo de San Juan Cópala, retiran los bloqueos policiacos, pero al mismo tiempo dejan a los desplazados en la Sabana, lugar de gran peligro por la presencia de los paramilitares, ya que este lugar es precisamente el sitio donde los paramilitares bajo el mando de Antonio Cruz García y Julio Cesar Martínez Morales (Hijo de la actual "máxima autoridad" reconocida por el gobierno asesinaron a Bety Cariño Y Jyri  Jákola el 27 de abril de 2010, información que ya hemos hecho llegar a la Comisión Interamericana con anterioridad.

La situación es muy difícil y de peligro extremo por lo que solicitamos la inmediata intervención de la CIDH exigiendo al gobierno Mexicano brinde las garantías de seguridad a los desplazados de San Juan Cópala que se encuentran actualmente a su suerte en la carretera Juxtlahuaca- Putla a la altura de la Comunidad de la Sabana y por cuya vida está inminentemente en riesgo, puntualizan.