ANÁLISIS

DETRÁS DE LA NOTICIA: 1 de 4 mexicanos no tiene qué comer; revolución por hambre

Alfredo Martínez de Aguilar

* Un pueblo con hambre y sed físicas, y por tanto urgido de justicia social, no entiende de miedo a morir o finalmente lo pierde al entender que cada día muere lentamente por falta de alimentos.

* Pedimos a los jefes y oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea hicieran llegar nuestra gratitud al General Secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, por el combate al hambre y la desnutrición.

Oaxaca, Oax.- Las frías cifras estadísticas aportadas como datos duros por la Directora del Banco de Alimentos de Oaxaca (BAO), Dulce Aragón García, con motivo de la XVI Colecta Anual Casa por Casa “Alimenta 2018”, son verdaderamente dramáticas y peligrosas en el mundo y en México.

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LAS ELEGIDAS

Exige RNDDHM cese criminalización vs defensora Bettina Cruz

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Escrito por Comunicado   
Martes, 26 de Agosto de 2014 15:09

Oaxaca, México.- A través de un oficio enviado al C. Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicado en Salina Cruz, Oaxaca, México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 168 defensoras de derechos humanos, pertenecientes a 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, manifiesta su preocupación por la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

Es de nuestro conocimiento que en los próximos días, dicho Juzgado emitirá  la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora, quien es procesada por los delitos de privación  ilegal de la libertad, y contra el consumo y la  riqueza nacional substanciado en el expediente penal 144/2011.

Cabe recordar que las denuncias en su contra, derivaron de la manifestación pacífica que la APIITDTT realizó el 13 de abril de 2011 frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, para exigir el respeto a los derechos y al territorio de los pueblos ikjoots y binnizá, así como a su decisión de no aceptar el establecimiento, desarrollo y operación de centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec.

Un año después, y derivado de dicha manifestación, la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial el 22 de febrero de 2012, con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal y recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec.

Dos  días después, la defensora fue puesta en libertad, después de haber pagado una fianza. Desde ese entonces tiene que acudir a firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes, como parte de las obligaciones procesales. Lo que obstaculiza su labor como defensora, y contraviene con la responsabilidad de las autoridades de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y que las y los defensores realicen su labor en condiciones de seguridad. Como ha sido recomendado por instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual en marzo de 2013, aprobó la  resolución 22/6 sobre la Protección de las y los defensores de los derechos humanos en la que:

“Exhorta a los Estados a velar por que los defensores de los derechos humanos puedan desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas, de conformidad con legislación nacional acorde con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, y, en ese sentido, a velar por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.

Cabe mencionar que Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante de la RNDDHM,  y quienes la conformamos, conocemos la labor que la defensora ha emprendido desde 2007, en defensa de los derechos y del territorio de los pueblos ikjoots y binnizá, frente a empresas multinacionales eólicas que han violentando los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta, establecidos en diversos Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, como RNDDHM reconocemos que el proceso contra la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como  una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social.

Ante ello, las 168 defensoras de derechos humanos pertenecientes a la RNDDHM, estaremos atentas de la resolución que se emita en los próximos días y de que la sentencia no sea utilizada como un acto de coerción contra la defensora.

Asimismo nos unimos a la comunidad nacional e internacional, quienes en breve estaremos poniéndonos en contacto con las autoridades, a través de una acción urgente, para exigir el cese de la criminalización contra la defensora y el desarrollo de esta labor en un ambiente libre de violencia.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y de manera particular al Juez Anastacio Ochoa Pacheco, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicado en Salina Cruz, Oaxaca, México:

Que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.

Garantizar la presunción de inocencia y el derecho a defender los derechos humanos.

Exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Oaxaca garantizar que las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, sin represalias y en un ambiente libre de violencia.

 

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